El Ministerio Público envía un oficio para que se recojan datos como
estado de la calzada y el vehículo, aptitudes del conductor y signos de
explotación laboral
Uno de los principales objetivos de los fiscales delegados de Seguridad
Vial es que ningún posible delito quede impune. El Ministerio Público es
conocedor de las dificultades que, en muchos casos, entraña conocer todos los
detalles de un siniestro y rastrear qué factores pudieron desencadenar el
accidente, así como analizar las consecuencias que se derivan de ellos.
Por ello, en un oficio enviado hace unos meses, la responsable de
Valencia de esta materia ha encargado a las Policías Locales y Guardias Civiles
que completen el atestado con datos adicionales que, en algunos casos, pueden
llegar a pasar por alto.
La Fiscalía solicitó que se recojan datos acerca del estado de la
calzada por si ese lugar se pudiera considerar como un punto negro o un tramo
de alta siniestralidad vial. Este oficio está enfocado no sólo a siniestros con
víctimas mortales de los que se podría derivar una acusación por homicidio
imprudente sino también para aquellos de conducción temeraria con manifiesto
deprecio por la vida ajena.
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